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Mayor seguridad en el transporte terrestre

Los camiones de carga se han convertido en precursores de tragedias en el sistema carretero del país. Los cambios en regulaciones conseguidos en años recientes no han logrado reducir los accidentes ni generar un sector más eficiente.

transporte

Por el contrario, las resistencias a una transformación de fondo del servicio de transporte de carga tienen orillado al país a mantener una dinámica de alteraciones cotidianas en la movilidad de millones de pasajeros y de pérdidas millonarias en bienes, cuando no también de vidas humanas.

Tan sólo en 2015, reportes publicados registran en el país más de cinco mil 300 accidentes que involucraron vehículos de carga en todas sus variantes (tráileres de un remolque, doble remolque, camionetas con cabina, camionetas de redilas, etcétera). Se calcula que estos incidentes viales tuvieron un impacto económico de 700 millones de pesos en pérdidas y provocaron la muerte de casi mil personas. Situación provocada por normatividades que permiten pesos y longitudes de carga más grandes a los autorizados en otros países o regiones con economías de primer orden mundial, así como en el marco de supuestas inversiones de transportistas en tecnologías de punta y capacitación de conductores.

Hace más de un año se consiguió actualizar la Norma Mexicana sobre Pesos y Dimensiones, la cual acordó un peso total de 66.5 toneladas en tractocamiones doblemente articulados, con una longitud máxima de 31 metros. Sin embargo, las dimensiones están por arriba de naciones que cuentan con mejor infraestructura carretera a la nuestra. Nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, no autoriza unidades más largas que 25 metros con cargas totales de 36.3 toneladas, casi la mitad en peso a lo permitido en México, ello sin considerar que prohíbe la circulación de dobles remolques en su territorio. Por su parte, los europeos conviven con transportes de carga máxima de 40 toneladas por 20 metros de longitud.

Sin embargo, el tema no sólo radica en la regulación de vehículos doblemente articulados, sino en el establecimiento de una normatividad integral que incluya a todo tipo de transportes de pasajeros y de carga, desde las dimensiones más pequeñas hasta las más robustas.

Y es que los siniestros registrados no han sido exclusivos de camiones de un solo tamaño. Basta recordar los múltiples accidentes de autobuses de pasajeros en malas condiciones por exceso de velocidad y pérdida de control de la unidad; los de camionetas de redilas que circulan en autopistas de cuotas en estados lamentables de desgaste y abandono, poniendo en riesgo a los cientos de usuarios de las mismas; los de unidades de una sola cabina que circulan a toda velocidad en el carril de alta velocidad, rebasando a sus compañeros para cumplir con sus trayectos.

Si bien las diversas iniciativas y reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal contemplan capacitación a los conductores de las unidades, supervisión periódica y aleatoria por parte de las autoridades al peso y condiciones de los transportes, así como seguros de cobertura amplia, sólo se prohíbe la circulación de vehículos de doble carga cuando, debido a la cantidad de percances registrados en carreteras federales, debería prohibirse la circulación a todos los que no cumplan con las condiciones de seguridad y mantenimiento que garanticen el bienestar de los usuarios de las autopistas de cuota y carreteras federales del país.

Por varios años se han emprendido, sin éxito, diversos esfuerzos legislativos provenientes de todos los partidos políticos. En días recientes, las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes firmaron también un convenio de colaboración para robustecer la acción de la autoridad federal. Estas iniciativas y la demanda social por generar entornos más seguros en caminos y carreteras plantean oportunidades para abordar la problemática desde una perspectiva integral. Asimismo, será necesario generar un cambio de cultura en el sistema de transporte de carga, el cual requerirá de instituciones que acompañen, incentiven y verifiquen el estado de las unidades, las capacidades de sus conductores, el apego de los transportistas a la legalidad y la capacidad de sancionar a empresas que recurran a la sobrecarga u obliguen a periodos extendidos de conducción por parte de los choferes. Esperemos que así sea.

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